A pesar de los fríos y nieves de esta primavera un tanto diferente a la climatología regular, el ambiente está caldeado.

Si hablamos de las Comunidades Autónomas son dos las cuestiones que nos tienen en vilo: por un lado en Cataluña se está germinando un incipiente movimiento independentista. A pocos días de unas nuevas elecciones programadas para el día 22 de abril, por la falta de una figura que cubra el puesto de Presidente de la Generalitat; por otro lado, en la Villa de Madrid, la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes se ve envuelta en un conflicto provocado por la dudosa legalidad de un master, cuestión que al salir a la luz ha puesto en tela de juicio la calidad de la Universidad Rey Juan Carlos I.

Si valoramos las circunstancias que rodean ambos aconteceres podemos ver que en el día a día se está dando mucho qué hablar, podemos no obstante señalar las diferencias que en las dos cuestiones están ocupando un lugar prioritario en el ágora mediático al que salta los escándalos.

El caso de Cataluña es una cuestión de carácter político por lo que no ha lugar a resolver dicho caso a través del Poder Judicial,( esto es la justicia) puesto que no se trata de un delito de sedición o de rebelión… entender así la situación conflictiva de Cataluña lleva a Trapero (el jefe de los mozos de squadra) a ir a la cárcel, por un posible delito de violencia y además ocurre que, en la Comunidad catalana tras las elecciones del 1.O(uno de octubre) Puigdemont está jugando al gato y al ratón con el propio, gobierno, cuya intención es alcanzar su propia hegemonía,(independientemente de su matiz republicano), para sentir una identidad propia sin tener que estar subyugado por parte de un férreo control poco dialogante: como si un joven y su padre evitasen el conflicto intergeneracional y dejasen un desconocimiento de causa frente a las diferentes posiciones para entender las actitudes distintas de carácter ético-social.

En el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid la cuestión no será tampoco una cuestión judicial sino un problema de carácter administrativo como una cuestión de causa menor cuya responsabilidad lleva a Cifuentes a defenderse y tratar de evitar la moción de censura que reclaman los partidos políticos como “Podemos” y “PSOE”, o la creación de una Comisión de Investigación como solicita “Ciudadanos”, en cualquier caso se solicitaría su cese.

Tratará Puigdemont de dar un giro a la sociedad catalana (está muy interesante su tratamiento de la política independentista) pues está luchando por acercarse con sutileza al gobierno de un “país” sin poder fáctico hasta ahora pero en lid con el Gobierno Central que solicita la extradición del catalán detenido en Alemania donde han resuelto su inocencia en cuanto a la acusación de rebelión. Salir a la calle desde la cárcel le ha costado unos 75.000 € de fianza pero ya digo… la situación de este problema político, no se debería resolver a través de la justicia puesto que no es un delito sino una cuestión para defender (según la Constitución) como un derecho que tiene el ciudadano a entrar y salir de España que no podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos… de momento en el caso de Puigdemont le resta presentarse ante los cuerpos de policía alemanes, y quizás puede resolverse cuestión litigante por malversación. De momento el político de Cataluña ha podido votar por delegación de firma lo que puede ocurrir o ser necesario frente a la investidura de presidente, o como ya decimos la concurrencia de nuevo a las urnas electorales.

Cristina Cifuentes se ve en un brete ante el desarrollo de las declaraciones motivadas por rector y profesorado que serán cómplices de una falsificación de documentos oficiales. Es ella misma la que declara cuando están acusando de falsedad quien aboga a una competencia que permite resolver dicho hándicap por parte de la Universidad a quién corresponde una resolución de carácter administrativo.

Con todo esto trato de hablar de la necesidad de coherencia en cuanto a la realidad de la distribución competencial dela actuación en sociedad. La justicia es muy importante pues sirve para defender y garantizar los derechos y principios generales pero hay cuestiones que merecen un tratamiento no propio de juzgados, por un lado (caso Puigdemont) se trata de evitar un conflicto judicial para ir a buscar una solución políticamente correcta, a través del diálogo, resulta muy atrevido tratar de resolver la cuestión apoyándonos en Jurados y Tribunales. Mientras por el otro lado (Caso del máster de Cifuentes): ella tiene que valorar su situación de escándalo que le lleva a un límite en que lo más correcto sería la dimisión independientemente de la cuestión social.

Esta problemática que afecta al ámbito de lo público se comprende buscando significado a tres estratos diferentes:

-solución judicial. (El poder judicial es independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley)

-solución política (Moción de Censura y Comisión de investigación)

-solución administrativa. Quizás esta última solución nos lleva a valorar si un escándalo como el de esta dirigente es en verdad un ápice de un acto delictivo, un acto de corrupción de cualquier forma si la ley no actúa y la situación política no llega a buen puerto, la resolución verdadera le debería de llevar a Cifuentes a presentar su dimisión.

En el caso de Puigdemon, la actuación política lleva, quizás, y esa es la raíz del problema, a la necesidad de una reforma de la Constitución, donde las Comunidades Autónomas han de dar de sí todo aquello que políticamente es viable sirviendo a la ciudadanía a encontrar su estado de bienestar.